La desaparición de las Tasas Judiciales para las personas físicas se ha producido mediante la aprobación del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, publicado en el B.O.E de 28 de febrero de 2015. Eliminación de las tasas judiciales que era muy esperada por los operadores jurídicos.
La imposición en el años 2012 de las tasas judiciales que el gobierno del Sr. Rajoy, ha supuesto, desde mi punto de vista, una verdadera trabaja de acceso a la justicia por los ciudadanos, en plena crisis económica. La actual eliminación de las tasas judiciales por el propio gobierno del Sr. Rajoy dos años después de implantarlas, es de justicia, si bien debería servir de lección para no volver a cometer el mismo error ya que a aquellas personas que no accedieron a la justicia por falta de recursos y no tener derecho la justicia gratuita, nadie les va a resarcir.
La propia exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2015 afirma que se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (las tasas judiciales). Dicho impacto negativo de las tasas judiciales sobe el acceso a la justicia de los ciudadanos ya se dijo por abogados, procuradores, jueces y secretarios judiciales nada más imponer su pago.